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rionegro dos

El abogado Marcelo Inaudi explicó como se manejan las fuerzas de seguridad ante un caso como este.

Por Fabian Rossi

Baile y abuso físico de los superiores hacia los aspirantes que rozan la tortura. La relación es inevitable. El Caso del soldado Omar Carrasco cambió para siempre el Ejercito Argentino, con su muerte también finiquitó el servicio militar obligatorio. El caso del oficial Gabriel Mandagaray puede marcar un antes y un después en la Policía de Río Negro, sobre todo en la forma de capacitar al grupo especial Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate, una especie de cuerpo de elite de la fuerza.

Aunque el propio Jefe de Policía firmó la resolución que habilitaba el curso de capacitación, no se imaginó que la supervivencia en Bahía Creek podría significar la muerte de un oficial de apenas 25 años, luego de haber sido sometido a desafíos extremos como caminar durante 40 kilómetros por las dunas y al llegar, con el mismo uniforme y los pesados borcegos obligado a meterse al mar con un tronco en sus hombros. 

En la jerga militar y en la policial también, se reconoce que los superiores someten a bailes a los aspirantes. Luego de haber escondido el cuerpo y cuando el pacto de silencio parecía caerse, el Ejercito entregó a un subteniente y dos soldados, quienes debieron pagar por la muerte de Omar Carrasco, el chico nacido en Zapala y que se incorporó el 3 de marzo de 1994 al grupo de Artillería 161, de Zapala.

Tras comunicarle a su familia que Carrasco era un desertor, días después se encontró el cuerpo en una caballeriza y a partir de allí quedó al desnudo la estrategia militar. Luego de años de investigación sin avances claros, la culpa cayó en militares de bajo grado, como si los jefes no supieran lo que pasaba puertas adentro y en qué consistían los bailes a los que eran sometidos los colimbas.

El paralelismo con el caso de Mandagaray se puede trazar a partir de las similitudes. Si bien en este caso no era obligatoria su participación en la capacitación del COER, las prácticas utilizadas son parecidas abusar de la autoridad para someterlos físicamente en desafíos que rozan la tortura.

El actual consejero de la Magistratura, Marcelo Inaudi conoce muy bien el caso Carrasco. Él y su colega Oscar Pandolfi fueron los defensores de los soldados Víctor Salazar y Cristian Suárez, condenados junto al subteniente Ignacio Canevaro por la muerte del joven de 19 años nacido en Cutral Co. Con su característica tonada cordobesa no dudó en explicar lo que sucede en este tipo de casos en los que la Justicia investiga a una fuerza armada o de seguridad: "Cuando ocurre un episodio de esta naturaleza, por lo general la investigación nace contaminada"

"La misma institución, responsable de la vida, de la seguridad y de la salud de quienes están incorporados a sus filas, es la misma que comienza precipitadamente con una investigación que, en muchos de los casos, tratan de proteger a algunos involucrados o salvar la responsabilidad institucional o de ocultar situaciones a la opinión publica que se repiten cotidianamente en su interior, para lo cual se confeccionan historias oficiales que después se la venden a paquete cerrado a la Justicia", explicó el experimentado abogado.

El concejero de la Magistratura neuquina reconoció que "cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, nace una investigación judicial, pero también nace una investigación administrativa de la propia institución donde se suelen cometer este tipo de irregularidades. Espero que los fiscales, que son quienes están capacitados para realizar esta investigación actúen de manera absolutamente independiente y prescindan de probanzas que por ahí están contaminadas de la propia institución y que dilucide la verdad de lo que realmente sucedió"

Y luego se refirió a la capacitación que la propia fuerza hace a los aspirantes para ingresar a los cuerpos de elite: "Esta bien que se exija profesionalismo en el desempeño de la función pero no puede traer aparejado el destrato o la aplicación de torturas a quienes aspiran a integrar estas fuerzas" y que los instructores no pueden desconocer que si los obligan "a meterse al mar vestidos y con borceguíes, cualquier aspirante se la va a ver en problemas".

Mandagaray, de 25 años e hijo del Comisario General Antonio Mandagaray (Jefe Regional Viedma) y de la Comisaria Mayor Adriana Fabia (Jefa Regional Los Menucos), había egresado el año pasado de la Escuela de Policía de Viedma y pretendía ingresar al COER. Para eso junto con otros 27 oficiales participaba de la supervivencia organizada por el grupo especial en Bahía Creek. El jueves pasado llegó a la playa luego de caminar 40 kilómetros y después fue obligado, junto con dos policías más, a cargar un pesado tronco y meterse al mar con su uniforme y borcegos, pese a no saber nadar. Minutos después cayó rendido y se ahogó. Los oficiales Emanuel Quiribán (hijo de un Comisario retirado) y el ex jugador de Deportivo Roca, Fabián Erice, fueron encontrados con signos de hipotermia.

La familia de los sobrevivientes denunció que la Jefatura tuvo intención de establecer un pacto de silencio para que no se sepa lo sucedido y responsabilizó al Comisario Inspector Sergio Piermarocchi, quien habría dado la orden de no comentar nada de lo sucedido. Desde la Justicia se dispuso preservar la zona, pero fue la misma fuerza que debe ser investigada la que quedó a cargo de que no se pierdan las pruebas para esclarecer la muerte de Mandagaray.

Tras varios días de silencio, el Jefe de Policía Osvaldo Tellería reconoció que se investiga al área de capacitación que aprobó este tipo de prácticas sin la presencia de médicos o guardavidas. Aunque no tuvo en cuenta que administrativamente, la resolución que habilitó el curso del COER lleva su firma.

Fuente: Mejor Informado

APROPOL Noticias