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La Provincia desvirtuó el ataque sexual sufrido por una oficial. Duro reproche de un juez al Estado, tras condenarlo a indemnizar a la mujer.

 

Entre el vértigo informativo, la noticia pasó casi inadvertida: la Provincia de Córdoba fue condenada a indemnizar con más de dos millones de pesos a una oficial de la Policía por “accidente laboral”. No se debía a un choque sufrido con un patrullero. Tampoco a por un disparo recibido en un tiroteo. Menos aún se debía a una bomba de estruendo o a una pedrada durante una manifestación.

La historia paraliza: la agente había sido abusada sexualmente por dos delincuentes que la habían sorprendido, de madrugada, en Tribunales III, en el barrio Nueva Córdoba, de la Capital.

El ataque sexual ocurrió mientras la policía era golpeada, humillada y asaltada. El espanto se extendió casi dos horas y todo terminó porque ella logró escapar. Sucedió en diciembre de 2016.

Si aquel brutal ataque paraliza y angustia, qué decir sobre las distintas revictimizaciones que la uniformada padeció estos años bajo la sombra estatal.

Por un lado, los señalamientos y los comentarios de compañeros. Varios de ellos dejaron trascender detalles a la prensa.

Por otro lado, el derrotero al gestionar licencias, las consultas de los jefes (y no tan jefes), sus relatos en consultorios y despachos judiciales; el periplo por obtener ayuda y asistencias psicológica y psiquiátrica, la ART. La pesadilla se extendió años. Hoy, la mujer sigue con tareas no operativas.

Ante la falta de respuestas, y harta de todo, la oficial demandó al Estado.

Lo insólito y penoso se dio cuando la Provincia rechazó la presentación.

Una abogada, en nombre del Estado, llegó a poner en duda el ataque sexual y añadió que el hecho no le constaba. Está claro: la letrada hacía su trabajo como defensora.

Así, dudó del relato y de la víctima, apuntó que la descripción de los hechos era superficial y remarcó que no le constaba que la policía hubiese estado trabajando. Sólo le faltó preguntar cómo iba vestida la mujer.

Tras descartar que existieran secuelas, la abogada rechazó el accidente laboral y desestimó la demanda, La Sala Primera de la Cámara del Trabajo puso freno a tanto desvarío y destrato, no sólo contra una empleada, sino contra una mujer.

El juez Ricardo Giletta, más allá de ratificar el “accidente de trabajo” (basado en la ley de riesgos) y de condenar a la Provincia a pagar a la mujer policía $ 2.147.486 más intereses, fue más allá. 

No sólo que ratificó el ataque (al que ponderó como “gravísimo”), sino que criticó a la defensa por negar todo. Criticó la reiterada “postura” del Gobierno de negar la ocurrencia de hechos por desconocimiento.

Tras enviar a la defensora a averiguar sobre lo sucedido en la Policía (y la Justicia), recordó que en 2018 los dos autores del ataque ya habían sido condenados en el fuero juvenil.

En esta causa laboral, en la que se trasluce la revictimización que sufrió la uniformada en distintas instancias, el juez remarcó las secuelas y los trastornos con que esta quedó. Además, no sólo cuestionó al Estado por negar todo, sino que lo criticó por no haber dado una solución rápida y efectiva. Sobre todo, al tratarse de un ataque sexual contra una mujer.

Parece mentira que en 2020, y en medio de lo que se viene discutiendo contra la violencia de género y en pos de la igualdad, en un juzgado se tenga que poner al Estado en su lugar. Parece mentira que, por un lado, en Córdoba se avale la ley Micaela y, por otra parte, el machismo patriarcal siga rigiendo en los altos estamentos.

Mientras se espera que el Gobierno apele esta condena, desde el juzgado se invitó a la oficial a no dejar los tratamientos. Se le recordó, por las dudas, que a eso lo paga el patrón.

Fuente: La Voz

APROPOL Noticias

 

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