diaz agrepo

 

Por el Comisario General ENRIQUE DIAZ (r) (*)

La Sindicalización policial es una herramienta Constitucional por lo tanto legitima, ningún mandato de nuestra Carta Magna puede ser puesto en duda, los derecho en ella expresado son intangibles y son necesario para producir los cambio culturales de toda democracia, la democracia no admite trabajadores o ciudadanos de 2da categoría cuyos derechos puedan ser conculcados por cualquiera políticos o funcionarios que sean, por el contrario ampara y exige el cumplimiento de sus mandatos.

NUESTRA INSTITUCIÓN Y SUS HOMBRES se lo merecen, se lo ganaron y día a día ofrendan sus vidas para ello, solo piden a cambio respeto , como puede ser que el precio de su trabajo sea impuesto unilateralmente por el político de turno excluyendo la participación del trabajador, este obrar no solo afecta y reduce la condición humana del policía, sino que también es el principal factor de disociación y fracaso de cualquier gestión, por la actitud manipulativa que impide fortalecer la relación de cooperación mutua, en desmedro del servicio y de la sociedad en su conjunto.

Creo que la disciplina que impera en una democracia se funda en el RESPETO a la Constitución a la Ley a nuestra sociedad y fundamentalmente el MUTUO. Tratar a los Policías de la forma que lo hacen es una falta de respeto y discriminar a todo un sector con argumentos pueriles para conculcar un legítimo derecho no solo es un avasallamiento a su dignidad sino una actitud antidemocrática y peligrosa.

Todos deben saber que la actividad sindical en la policía la prohíben aquellos que sacan provecho de la corrupción interna que alientan, aquellos que se benefician de la corrupción en desmedro de la dignidad de nuestros hombres y el prestigio de la Institución, deben decirles al PUEBLO LA VERDAD sobre el Presupuesto Policial de la mayoría de la Provincias el 80% es para cubrir los magros sueldos y el 20% para los gastos de mantenimiento y recursos internos. Todo es lamentable. De manera ilegal se pagan ítem salariales EN NEGRO para eludir lo que legítimamente le corresponde cobrar al personal retirado, con el modus operandi que aplican no se salva nadie por el contrario se los induce se los manda o se los obliga a “CONSEGUIR” los recursos de esa manera se alienta todo tipo de corrupción, el policía primero pide para cubrir esos gastos después genera su propia recaudación que es sistemática en el ámbito del delito y llega hasta los niveles políticos que son los aplican las modalidades de corrupción y se benefician, ellos no tienen límites. Esto es histórico y se naturalizó.

Es necesario terminar con estas metodologías ilegítimas, donde el policía debe mantener su familia y a la Institución. “Esta es la campaña financiera, que el Estado debe suprimir y desalentar de inmediato.” El personal policial, no puede recibir en absoluto recursos de otro origen que no sea el genuino del Estado Provincial. El abuso laboral es constante y sistemático en todas las áreas, el ámbito de trabajo es inimaginablemente deplorable e insalubre.

Todo esto se prueba con simples auditorías. El narcotráfico está en nuestra sociedad porque le abrieron las puertas si la policía que es el organismo de control y el Gobierno que aplica los programas por ley no lo permiten, tendríamos una sociedad limpia de esa carroña. Si le agregamos la pata de una verdadera Justicia para el pueblo nos deshacemos de la peor pandemia. Pero este sistema lo permite lo habilita, por corrupción. Es simple si se libera la delincuencia se crea anarquía y el beneficio no es para el pueblo sino para las políticas de estados corruptos. Por esa razón se oponen al control laboral que los limita, se niegan a administrar la Policía conforme al derecho, conforme la ley. NO QUIEREN UNA POLICÍA EFICIENTE PROFESIONAL porque temen ir presos, quieren seguir con un sistema político corrupto y una policía degradada, quieren seguir con el abuso laboral y de toda otra índole. En definitiva la verdadera razón de la prohibición sindical policial es la CORRUPCIÓN POLÍTICA.

(*) Titular de AGREPO de la Provincia de Tucuman, primera entidad de este tipo en presentar su inscripcion en el año 1997 en el Ministerio de Trabajo de la Nacion (Ley 23.551).

APROPOL Noticias

 

 

 

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