CAUSA ARMADA: La CIDH vuelve a pedir informes al Estado Argentino y continua el trámite internacional en favor de trabajadores policiales
WASHINGTON D.C.- La semana pasada se conoció una notificación que indicaba “me permito reiterar respetuosamente al Gobierno de Su Excelencia, la solicitud de información, cuya copia se adjunta a la presente. La CIDH continuara con el tramite del asunto en referencia y espera contar con la información solicitada a la brevedad”.
Por Hugo Alvarez
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo tiene muy claro: en la CAUSA ARMADA por la lamentable muerte de Franco Casco se están violando derechos humanos básicos de personas inocentes.
Este organismo internacional dependiente de la OEA (Organización de los Estados Americanos) tiene la responsablidad de hacer cumplir todos los derechos consagrados en la CADH (Convención Americana de Derechos Humanos).
Cada país que firma un convenio con la OEA se compromete a respetar esos principios, si no lo hace incurre en la violación del tratado.
De considerar la CIDH que los derechos que el denunciante alega vulnerados fueron efectivamente violados por un Estado, el organismo tiene la facultad de pasar el caso a la CorteIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) esta a su vez puede condenar al Estado infractor.
Argentina ya fue condenada por la Corte IDH en muchas oportunidades, pero esta seria la primera vez que se condene al Estado y se falle en favor de trabajadores policiales.
LA DENUNCIA
El trámite en cuestión comenzó con una petición del Comisario Supervisor Diego Alvarez hace dos años. La mayoria de las peticiones demoran entre 5 a 15 años en ser tramitadas. (VER NOTA: "CASO CASCO: La CIDH acepta la denuncia de un trabajador policial contra el Estado Argentino").
Esta avanzó de manera fugaz pasando de el estado en estudio, al estado admisibilidad en menos de un año y medio.
En esa denuncia, Alvarez refirió ante la CIDH “por la presente, vengo formular denuncia al Estado argentino (en adelante “el Estado”) por violación respecto de mi persona de los siguientes derechos y garantías del debido proceso legal contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “CADH”): Derecho a la integridad personal (artículo 5.4); Obligación de respetar los derechos (art. 1.1) Derecho de libertad personal (art. 7 incisos 1, 3 y 5); Derecho a ser oído (artículo 8.1); Derecho a presunción de inocencia (artículo 8.2);Derecho a protección de la honra y a la dignidad (artículo 11.2) igualdad ante la ley (artículo 24) protección judicial (artículo 25)”.
En solo 30 páginas se sintetizan todos los males padecidos por el Comisario Alvarez y el personal a su cargo en los largos años que lleva el trámite, el cuál pasó de ser una causa “emblematica de violencia instirucional” a ser un verdadero emblema de los armados políticos, militantes y mediáticos, incluso a ser conocida por toda la sociedad como “LA CAUSA ARMADA”.
La denuncia interpuesta fue un arduo trabajo que requirió agotar todas las instancias judiciales del país. Luego de esto fue necesario conocer de al dedillo todas las resoluciones judiciales que se habian ventilado durante el tramite. Estas fueron enviadas como “separatas” para que la CIDH supiera como se tomaban resoluciones arbitraries. A la vez se debieron adjuntar “anexos” los cuales mostraban documentos que hacian a la descripción de los hechos y finalmente se acompañaron dos “dossiers de prensa” que referian toda la operación mediática montada en torno a la construcción de culpabilidad de personas inocentes.
Al cierre de la denuncia, Diego Alvarez refiere a La Comisión:
”habiendo aclarado estas cuestiones ¿puedo esperar de los magistrados de mi país una resolución acorde a derecho, cuando ante la deleznable manipulación que se hizo del poder mediático, el poder político y la opinión pública me y nos han condenado de antemano?”
Parece que la CIDH ha tomado nota de las violaciones perpetradas por el Estado Argentino y se prepara un precedente que pondrá –finalmente- en evidencia como funciona una maquinaria mixtra entre abogados oficiales, abogados privados, periodistas linchadores, politicos de carrera y organizaciones dedicados exclusivamente a lograr condenas de personas INOCENTES para asi cobrar juicios millonarios al Estado con el único fin de utlizar ese dinero en la financiación de sus estructuras políticas.
La semana que viene y a pedido del Organismo Internacional el Comisario Alvarez ampliará su denuncia ante la CIDH.
(*) Presidente de la Asociacion Civil Inocente Colectivo
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