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La Fiscalía solicitará penas de 4 y 6 años de cárcel e inhabilitación de por vida por maniobras ilícitas con servicios adicionales. Otros 35 agentes acusados evitaron llegar a juicio con acuerdos abreviados y criterios de oportunidad.

La Fiscalía de Santa Fe pedirá penas de entre cuatro y seis años de prisión para dos policías acusados del delito de defraudación por las denominadas horas Ospe, como se conoces los servicios adicionales realizados por agentes de las Fuerzas. Según adelantaron los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández en una audiencia preliminar, durante el juicio también pedirán que ambos efectivos sean inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y que se le apliquen multas económicas a favor del Estado. Uno de los investigados era el jefe de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I, a quien también se le atribuyó haber utilizado un móvil policial con fines personales. En la misma causa ya fue condenado el año pasado el subjefe de la agrupación Cuerpos, Marcelo José Maldonado en un juicio abreviado. Otros 33 policías que estaban acusados no llegarán a juicios porque se les aplicó un criterio de oportunidad tras acordar el reintegro del dinero obtenido de manera ilícita.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que los fiscales Jiménez y Hernández pedirán entre cuatro y seis años de cárcel para los dos policías investigados por la realización de maniobras ilícitas por un total de 360.996 pesos con las horas Ospe (Orden del Servicio de Policía Extraordinaria) y SPA (Servicio de Policía Adicional). Así lo manifestaron en la audiencia preliminar que se llevó a cabo en los tribunales de Santa Fe ante el juez Jorge Patrizi.

El pedido de seis años de prisión será para el ex jefe de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional 1 cuyas iniciales son M.A.N. y tiene 41 años. Por su parte, la solicitud de cuatro años de prisión será para el otro acusado, quien era oficial de la policía provincial y se desempeñaba como escribiente de la Motorizada, tiene 43 años y sus iniciales son C.A.Z.

Además, el planteo de la Fiscalía prevé que los dos acusados sean inhabilitados de forma perpetua para ejercer cargos públicos, el pago de una multa de 90.000 pesos para cada uno y una reparación económica –que deberá indicar el juez– a raíz del daño que ocasionaron.
Por otra parte, para el ex jefe de Motorizada imputado también se solicitó el pago de otra multa de 50.000 pesos.

Modalidad de la defraudación

“El período que investigamos abarca entre el 1° de enero y el 28 de febrero de 2015 en el ámbito de la brigada Motorizada de la Unidad Regional I (URI) de la Policía”, recordaron Jiménez y Hernández. “Los dos acusados –junto con Marcelo José Maldonado, quien era subjefe de la agrupación Cuerpos de la URI y ya fue condenado en febrero del año pasado– actuaron en connivencia con otros 33 subordinados”, añadieron.

Jiménez y Hernández explicaron el accionar de los acusados y detallaron que “la modalidad de la defraudación se dio a partir de la superposición de las horas extraordinarias entre sí; la superposición de las horas extraordinarias con la jornada laboral ordinaria; y la realización de esas horas extraordinarias cuando los agentes estaban gozando de su licencia anual ordinaria, lo cual está expresamente prohibido para el personal policial”.

“El accionar delictivo de los dos acusados y del exjefe condenado consistía en diagramar la forma de realización de la maniobra a fin de llevar a cabo la defraudación”, aseguraron Jiménez y Hernández.

“Coordinaban las funciones de cada una de las personas involucradas; emitían directivas para recaudar un porcentaje de lo ilegalmente percibido y su posterior distribución; y omitían controlar el adecuado funcionamiento de la Brigada Motorizada a los fines de favorecer la realización de la maniobra”, agregaron los fiscales.

Perjuicio

“De acuerdo con la investigación, el 50 por ciento de lo ilegalmente percibido por los agentes era entregado al oficial C.A.Z., quien lo repartía con el acusado M.A.N. y con el condenado Maldonado”, describieron los fiscales.

También hicieron hincapié en que “tal como señalamos el año pasado luego del juicio en el que resultó condenado Maldonado, este tipo de conductas ilícitas deben sancionarse porque son maniobras delictivas que perjudican al Estado provincial y a la sociedad en su conjunto”.

“Los recursos invertidos y el esfuerzo económico que hace el Estado provincial para que haya más efectivos patrullando las calles por más tiempo –tal como lo requieren distintos sectores de la sociedad–, se vio paradójicamente absorbida por agentes que no dedicaron mayor tiempo a sus labores, aprovechándose así del espíritu normativo que motivó el desembolso económico”, subrayaron los fiscales.

Calificación penal

A los dos acusados se les atribuyó la coautoría de los delitos de defraudación doblemente calificada (por ser en perjuicio de la administración pública y por ser cometida por funcionario público) y falsedad ideológica en instrumento público. Además, a M.A.N. también se le atribuyó la autoría del delito de malversación de caudales públicos agravados (por entorpecimiento del servicio).

En relación al delito de malversación de caudales, Hernández y Jiménez aclararon que “se le endilgó a raíz del uso personal del móvil policial número 6.180 entre el 23 de enero y el 28 de febrero de 2015”. También precisaron que “se trata de una motocicleta que estaba bajo la administración directa del acusado en tanto era el jefe de la Motorizada” y puntualizó que “la usaba para transporte personal aún cuando estaba de franco de servicio, lo cual generó el entorpecimiento del servicio al que dicho móvil estaba destinado”. 

Condenado

En el marco de la misma investigación, el ex subjefe de la agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I de la Policía, Marcelo José Maldonado, fue condenado el año pasado como coautor de defraudación doblemente calificada (por ser en perjuicio de la administración pública y por ser cometida por funcionario público). La sentencia fue dictada por el juez Pablo Busaniche en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos.

Al ex funcionario policial –que reconoció su culpabilidad– se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional y una inhabilitación especial por Maldonado también debió pagar 284.466 pesos. De ese total, 151.466 pesos fueron en concepto de reparación del daño (88.106 de capital y 63.360 de intereses) al ministerio de Seguridad de la provincia. Por su parte, donó 88.000 pesos a instituciones de bien público y los otros 45.000 pesos que pagó corresponden a una multa que percibió el MPA.

Por último, y como norma de conducta, a Maldonado se le impuso una prohibición de comunicación –directa e indirecta– con los testigos de la investigación.

Criterio de oportunidad para más de 30

“Además de los dos policías acusados y del condenado, hay otras 33 personas más con las que el conflicto penal se resolvió por medio de lo que se denominan criterios de oportunidad, a través de los cuales debieron reintegrar el dinero que habían obtenido de forma irregular”, indicaron los fiscales. En tal sentido, concluyeron que “el daño total comprobado es de 360.996 pesos, sin embargo, en el marco de esta investigación focalizada en la brigada Motorizada, a febrero del año pasado ya se llevan recuperados –con el dinero que debió pagar Maldonado– 509.317 pesos. De ese total, 322.009 pesos fueron pagados como reparación del daño causado y 187.308 pesos como donaciones a distintas entidades de bien público”.

Fuente: El Ciudadano

APROPOL Noticias