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Cordoba - Pasaron 15 años del motín del Penal de San Martín, en la ciudad de Córdoba, en el que ocho personas perdieron la vida y 30 resultaron heridas. Entre ellas, estaba una mujer guardiacárcel que fue tomada de rehén, golpeada y violada por varios reclusos después de que el jefe del penal le ordenara abrir un portón y él saliera huyendo, dejándola en manos de los amotinados.

Por Mariela Puga (*)

Ella no debía, por protocolo, estar en ese pabellón. Y mucho menos abrir ese portón. Pero en un sistema militarizado esas órdenes no se discuten. Al año siguiente, Adriana Rearte era pasada a retiro del servicio penitenciario por haber repartido volantes entre sus compañeros en reclamo de derechos laborales.

Los volantes, que tenían como único contenido la transcripción del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, fueron calificados de “subversivos” y motivaron su retiro.

Conocí a Adriana y varias de sus compañeras en 2007. Estaban indignadas y buscaban ayuda. Contaban que a la compañera que fue atacada en el motín la habían puesto a trabajar en el mismo pabellón de sus violadores; que no se respetaban ninguno de los protocolos para las mujeres penitenciarias; que eran asignadas a custodiar pabellones masculinos de alto riesgo; que las trabajadoras madres perdían sus embarazos al ser obligadas a hacer rondas en el perímetro de las cárceles a pleno sol; que las horas de lactancia sólo se las daban dentro del penal; que tenían horarios sobrecargados, condiciones infrahumanas de trabajo, y sufrían otro sinnúmero de vejaciones. 

Los abogados de derechos humanos que frecuentaban las cárceles las veían como el enemigo, el Tribunal de Conducta Policial jamás respondía ninguno de sus reclamos, y el verticalismo militarizado de la organización del trabajo las dejaba indefensas.

En la Clínica Jurídica de la que aún formo parte, las escuchamos sin poder creer que un régimen laboral pudiera ser tan opresivo. Finalmente, nos dimos con el nudo gordiano del problema: una ley provincial que prohibía expresamente la sindicalización de los trabajadores penitenciarios y sancionaba cualquier conducta o expresión tendiente a la asociación y organización gremial. No tenían ningún mecanismo real de reclamo o defensa.

Entre nosotres, había incomodidad respecto del caso. Después de todo, también somos parte del movimiento de derechos humanos con cierto recelo hacia las fuerzas de seguridad. Pero la incomodidad por la abyección de la situación en la que estaban estas mujeres fue más fuerte, así que litigamos el caso en representación de sus derechos sindicales.

A principios de 2008, el juez provincial Aldo Novak les reconoció ese derecho y declaró inconstitucional la ley 8.231. Sin embargo, el Gobierno provincial apeló, la Cámara Civil y Comercial revocó la decisión y el Tribunal Superior de Justicia, después de casi cuatro años, confirmó aquella revocatoria.

Entre tanto, el levantamiento de los policías en 2013 tensionaba aún más la discusión. Recurrimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el expediente esperó otros siete años.

Hace unos días, la Corte Suprema decidió en contra del derecho del personal penitenciario cordobés. El único voto en disidencia fue del juez Horacio Rosatti, quien dijo lo obvio: el artículo 14 bis reconoce el derecho a sindicalizarse a todos los trabajadores de la Argentina, sin excepción. Los panfletos de Adriana no pueden ser subversivos.

Pero la política se impuso al derecho, una vez más. Y aunque pensamos seguir con el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, duele saber que, entre tanto, nada cambió. Las condiciones laborales de estos trabajadores siguen siendo innombrables y la sociedad continúa al margen del asunto, como si hablar de los derechos de estos trabajadores fuera un oxímoron.

Un Estado democrático no puede sostenerse en una guardia pretoriana de ciudadanos de segunda. No estaremos más seguros ni seremos menos vulnerables a la fuerza pública negándoles derechos laborales a sus trabajadores.

Ninguna pretensión de democratizar las fuerzas de seguridad puede ser auténtica si no admite que la jerarquía y la obediencia no exigen sumisión y opresión.

Si de verdad se cree en el valor moral de los derechos humanos, no es posible negarse a la evidencia de que allí hay personas que merecen iguales derechos.

 

*Abogada constitucionalista 

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