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CASO CASCO: La CIDH acepta la denuncia de un trabajador policial contra el Estado Argentino

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Washington D. C. - Diego Álvarez, quien fuera jefe de la seccional séptima cuando fue aprehendido Franco Casco, fue oído por el organismo internacional quien dio un plazo de 3 meses al estado argentino para que realice un descargo sobre las violaciones a los derechos humanos que denunció el trabajador policial.

En una decisión sin precedentes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio trámite en menos de un año y medio a una denuncia interpuesta por el Comisario Supervisor Diego Alvarez.

El escrito de 38 fojas hace un desarrollo sintético pero firme de las irregularidades llevadas a cabo en el vergonzoso proceso judicial donde se presionaron testigos, se desparecieron pruebas y se ocultó evidencia con el único fin de sostener una causa totalmente prefabricada.

Luego de un desarrollo donde se describe violacion por violacion como el Estado Argentino, -encabezado en esta particular situación por Fiscales, Defensores Públicos y Jueces- ha sido sobrepasado por la manipulación que se hizo de los medios de comunicación y las superestructuras ideológicas, Diego Álvarez le refiere a la CIDH:

“Habiendo aclarado estas cuestiones ¿puedo esperar de los magistrados de mi país una resolución acorde a derecho, cuando ante la deleznable manipulación que se hizo del poder mediático, el poder político y la opinión pública me y nos han condenado de antemano?

En mis más profundos miedos y temores -quiero referir ante La Comisión- me produce gran angustia el valorar objetivamente que sin la ayuda internacional, nada podrá impedir que en un futuro juicio el Tribunal no sea indiferente a las presiones políticas y sociales que precedentemente referí, y se me condene no por haber cometido crimen alguno, sino por aparentar haberlo hecho...”

 

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La denuncia cargada tanto de rigor jurídico como de tinte emotivo y emocional conmovió a la CIDH en tanto puso de manifiesto la desigual relación entre el peso que soportan las personas perseguidas por el Estado y privadas del único mecanismo que puede ayudarlos a soportar esa persecución: la presunción de inocencia.

En este sentido Diego refirió cómo desde el primer momento se lo presentó a él y al personal a su cargo, todos jóvenes policías criados en el seno de la más profunda democracia como “torturadores, asesinxs y desparecedores...” así dijo en uno de los pasajes de su denuncia “sostengo que si una de las formas de violar el principio de inocencia que se ha reconocido internacionalmente es presentar a un individuo públicamente como culpable, con el objeto de evitar que ello pueda suceder, es porque con ello se procura impedir no sólo los castigos anticipados sino, fundamentalmente, que un individuo deje de ser visto por sus jueces como inocente y sea no sólo tratado sino, más grave aún, asumido como culpable por quienes deben dictar sentencia en el caso....” 

Tirón de Oreja 

Ante esta situación la Comisión instó al estado argentino a “presentar una respuesta a la petición en el plazo de 3 meses...”, luego de ello se realizará un informe que puede devenir en el paso del caso a la Corte IDH quien tiene competencia para juzgar al estado argentino por la violacion de todos los derechos alegados en la denuncia, y en su caso condenarlo por el incumplimiento de estos, los cuales a prima facie están acreditados. 

Viejos Conocidos 

El estado argentino ya ha sido condenado por la Corte IDH en numerosas ocasiones, son demasiados los informes de la CIDH donde se afirma que en Argentina no se respetan las convenciones sobre prision preventiva (otro de los puntos tocados por Diego en su denuncia) es de destacar que sólo en 2020 la Corte IDH condenó al estado argentino en 3 causas: “Romero Feris”, “Hernández” y “Jenkins” 

Ocultar la verdad 

Uno de los puntos más llamativos de esta causa es el hecho de que un organismo Internacional como la CIDH que tiene sede en Washington DC, a unos 10 mil kilómetros de distancia y que tramita cientos de miles de peticiones haya dado trámite a la denuncia de Diego Álvarez en menos de un año y medio, cuando por el otro lado, la Fiscalía Federal N1 de Rosario tiene una denuncia interpuesta por el mismo trabajador policial contra los testigos de la causa Casco (la cual el juzgado federal caratulo “FRO 30045/2019 Franco Casco, falso testimonio agravado) guardada en un cajón hace más de 2 años sin darle ningún movimiento.

Ante esto surgen algunas preguntas:¿porque no quieren investigar? ¿Tienen miedo de que se sepa que todos los testimonios sobre la supuesta “tortura y muerte en la comisaría” son falsos? ¿Tienen miedo de reconocerle a la familia de Franco y a la sociedad toda que se inventaron una mentira que ya no da para más? Da que pensar.

 

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