La información sobre las jubilaciones y pensiones más altas que paga la provincia está guardada bajo siete llaves. Debería ser pública, pero en los hechos parece privada.
 
Por Adrian Gerber
 
La información sobre las jubilaciones y pensiones más altas que paga la provincia está guardada bajo siete llaves. Debería ser pública, pero en los hechos parece privada. La alta burocracia santafesina la considera un secreto de Estado.
 
¿Qué intenta ocultar? ¿Hay un puñado de beneficiarios privilegiados que perciben más de 250.000 pesos mensuales en mano cuando muchos otros cobran la mínima de 9.141 pesos? Quien firma esta nota presentó hace ya casi cinco meses un pedido de acceso a la información pública —derecho que tiene cualquier ciudadano— para que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe brinde justamente esta información. Pero la solicitud fue rechazada bajo el pretexto de que son "datos personales de carácter sensible en los términos de la ley N° 25.326" y que por ello "deben ser protegidos". Pero esa norma nacional de protección de datos personales define con claridad qué se consideran "datos sensibles" los cuales deben ser resguardados. "Son los que revelan el origen racial o étnico, las opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual de las personas", reza en su artículo segundo. La información requerida a la Caja no se refiere a ninguno de estos aspectos, con lo cual su negativa no tiene argumentos legales y las razones brindadas para justificar esa decisión aparecen como meras excusas para obstruir el acceso a la información.
 
En Santa Fe parece que no existe el derecho a saber a cuánto ascienden las jubilaciones máximas, quiénes son sus beneficiarios y si se guarda proporción entre los que menos perciben y los que más ganan para que no se rompan los criterios básicos de solidaridad. Todo esto en un sistema previsional provincial que este año se estima que tendrá un déficit de 4.200 millones de pesos, rojo que es financiado en mayor medida con recursos propios de la provincia y en menor proporción por el Estado nacional.
El 28 de junio pasado fue presentado en la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público un pedido de acceso a la información pública para obtener la lista de los beneficiarios y haberes de las cien jubilaciones y pensiones máximas que paga el Estado santafesino. Además, se solicitaron datos sobre el haber promedio a los efectos de realizar una comparación. La Caja tenía legalmente un plazo de 20 días hábiles para contestar este requerimiento, pero recién se expidió más de dos meses después, el 13 de septiembre, a través del dictamen Nº6.511, firmado por la asesora legal Noelí Coria; el director general de Asuntos Jurídicos, Esteban Mantaras; el secretario de Coordinación, Pablo Pfirter; y la directora Previsional, Silvia Galán. El mismo rechaza la solicitud de acceso a la información pública al negarse a dar la nómina de las jubilaciones más abultadas que paga la Caja santafesina. Sólo detalla que el total de beneficiarios es de 83.585 (61.328 jubilados y 22.257 pensionados) y que el haber promedio de las jubilaciones asciende a $27.263,52 y el de las pensiones a $15.605,28.
 
Ante esta respuesta, quien suscribe presentó el 18 de octubre pasado un escrito rechazando los "argumentos" que esgrime la Caja para sostener su negativa e insistiendo para que brinde la información requerida ya que está obligada legalmente. Además, se pidió la intervención de la Dirección de Anticorrupción y Transparencia con el objetivo de que garantice el acceso a la información pública, derecho que en la provincia está regulado por el decreto Nº 692, firmado en 2009 por el entonces gobernador Hermes Binner. 
Mientras en la provincia de Santa Fe los datos sobre las jubilaciones máximas siguen permaneciendo en la más absoluta oscuridad, en Buenos Aires el diario La Nación presentó el pasado 5 de octubre una solicitud de acceso a la información pública para que el Estado nacional brinde la lista de los ex ministros de la Corte con pensiones vitalicias y qué haberes perciben. Menos de un mes después recibió la respuesta oficial con todos los datos, que el medio publicó el pasado 2 de noviembre en su versión impresa y digital. Así, se conocieron los nombres de los trece ex funcionarios o familiares que gozan del beneficio de la pensión vitalicia y que cobran un haber promedio de 261.538,46 pesos mensuales de bolsillo (el más alto asciende a $362.000).
 
En los próximos días la Caja de Jubilaciones de Santa Fe deberá decidir si revierte su decisión inicial de negar la información requerida hace ya casi cinco meses. Paciencia es lo que sobra, pero de poco sirven las normas y las políticas de transparencia y garantía en materia de información pública si luego se dificulta el acceso a ella.
 
Fuente: La Capital