La PLata (Buenos Aires) - Ante la difusión de imágenes que dan cuenta de la grave situación que atraviesan las cárceles de la Provincia y con el objetivo de evitar que el personal del Servicio Penitenciario pueda captar material audiovisual que dé cuenta de las múltiples denuncias que se vienen realizando contra el ministro de Justicia Gustavo Ferrari, el Gobierno de María Eugenia Vidal dispuso incrementar los controles para prohibir el ingreso de celulares y otros dispositivos electrónicos.
 
Lo que llama poderosamente la atención es que la presión recae sobre los trabajadores de las cárceles, que a partir de ahora serán sometidos a estrictos controles con detectores de metales y a una requisa pormenorizada que incluye la apertura y vaciamiento de sus bolsos y carteras personales, y la autorización para revisar incluso las taquillas y roperos en los que los penitenciarios regularmente guardan su ropa y otros elementos.
 
La comunicación interna, que lleva la firma del director General de Seguridad del SPB, Gustavo García, indica que "el personal penitenciario, funcionarios visitantes y personal civil que ingresen al Sector Penal, deberán ser inspeccionados por intermedio de los medios técnicos de detectores y sensores existentes en el sector de acceso de la Sección Vigilancia y Tratamiento".
 
Aclara además que "cuando excepcionalmente no fuera posible efectuar el registro por carencia de equipos electrónicos, la inspección de las pertenencias que portaren consigo quedarán a cargo del agente requisador de turno o conserje de la cárcel  bajo debido resguardo".
 
Es decir que el personal y los funcionarios que ingresen al penal serán sometidos a controles más estrictos a los que reciben los propios internos cuando regresan de una salida transitoria.  Dejando en claro además que el agente penitenciario que se negara a la inspección incurrirá en una falta en los términos que determina el Decreto-Ley 9578/80 que regula al personal penitenciario de la Provincia.
 
Pero además se indica a los directores de las unidades que "deberán incrementar los controles sobre bolsos y taquillas del personal, habida cuenta que se ha detectado personal con elementos y sustancias prohibidas en el ámbito penitenciario".  Lo que equivale a decir que para el Gobierno todos los agentes pasaron a ser potenciales sospechosos o al menos de esa manera serán tratados a partir de ahora.
 
Lejos de tratarse de una medida eventual o de excepción, la recomendación es realizarla "de manera diaria o aleatoria (no menos de dos veces por semana) y deben ser realizados por el titular de la dependencia o en su defecto uno de los subdirectores".
 
El instructivo del procedimiento incluye un detalle pormenorizado de cómo actuar y determina que al proceder a abrir la taquillas, deberá realizarse en presencia del titular de las pertenencias que allí se guarden, y que deberán ser retiradas y manipuladas por este y nunca por un tercero, en una clara muestra de humillación sobre el personal que debe exhibir ante los jefes sus pertenencias, incluso las íntimas.
 
En el caso de los bolsos y prenda de vestir, se dispone que se "extraerán la totalidad de los elementos de los bolsos y prendas dando vuelta los bolsillos vacíos hacia afuera para poder ver el interior del mismo y que estén libres de elementos".
 
Toda esta indicación llega en coincidencia con una exagerada publicidad de la "reforma penitenciaria" que, lamentablemente para el Gobierno, queda en evidencia como una mera operación de prensa cada vez que se difunden imágenes de la situación real en las cárceles de la Provincia.
 
Pero como si con todo esto no fuera suficiente, la mayor indignación de los penitenciarios tiene que ver con que mientras se prohíbe  el uso de dispositivos electrónicos y el acceso a redes sociales para el personal, los detenidos cada vez tienen más chances de estar conectados con el mundo exterior a través de teléfonos inteligentes y computadores instaladas en las unidades penitenciarias.
 
 
 
 
 
 
Fuente: Agencia Nova
 
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