Mientras en los medios alquilados con los 4700 millones de pesos anuales de pauta oficial que destina el gobierno para coimear a medios y periodistas se debaten hipótesis y se trata de desviar el eje de la cuestión que llevo al asesinato brutal de nuestro compañero todo sigue igual.

 

 
No se trata de un crimen más, se trata del de un policía testigo de graves hechos de corrupción que debería haber sido protegido y fue deliberadamente abandonado a su suerte. APROPOL EXIGE JUSTICIA.

 
A nadie escapa que este atentado es para silenciar a Bassi luego de las declaraciones que hicieron con su compinche en el marco del juicio que se lleva adelante y es lineal pensar que esta factura la deben levantar “Los Monos”. Acá el silenciamiento de quienes tienen algo para decir es moneda corriente y demuestra el grado de impunidad que da paso a la corrupción que se señala pero que no se combate.

 
Santa Fe – Luego de un mandato extendido del actual director el comisario general Lic. Raúl Moran debe darse su reemplazo por un concurso que no deja de sorprender a propios y extraños. Una convocatoria silenciosa (Decreto 4547), un periodo de impugnación en un fin de semana, un concursante denunciado por abuso sexual, un corrompedor, otra  involucrada por trafico de bebes, varios inexpertos y hasta un ex Jefe de Policía, entre la grilla que obviamente abona con profesionales serios, conocedores e idóneos.

 
No puede haber una paritaria a espalda de los trabajadores y APROPOL ha sido claro en la postura de siempre que busca una negociación salarial que defienda los intereses de los policías en actividad, retirados y pensionadas. Hoy nuevamente hemos denunciado otro arreglo a espaldas de ellos por parte de sindicalistas que otrora nos criticaron (2013) por defenderlos en el “Histórico Salariazo Policial.

 
Es muy curiosa la postura que adopta el ministro Pullaro que en medio de un escándalo por el otorgamiento de “privilegios” a presos vip en cárceles santafesinas apela a un principio internacional y constitucional para avalarlos pero es en sentido inverso el que utilizan para desconocer los derechos sindicales de policías.